Constituciones y ciudadanía en el siglo XIX colombiano

Constituciones y ciudadanía en el siglo XIX colombiano

Ana María Otero Cleves

Profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

¿Quiénes deben ser los ciudadanos de la nueva república? ¿Todos los hombres libres, sin importar su raza y condición? Si la república quería construirse sobre las bases de la igualdad y la libertad, ¿quiénes deberían tener derecho de ser reconocidos como ciudadanos? Cuesta imaginarse lo difícil y esperanzador que fue dar respuesta a estas preguntas para un artesano en Bogotá, un pardo en Cartagena, un cura en Santa Marta o un jurista en Antioquia. Ser ciudadano en las primeras décadas del siglo XIX significó, para la mayoría de ellos, ser partícipe del rompimiento del orden colonial y del establecimiento de un nuevo régimen político basado en la representación y el principio liberal de la igualdad.

Definir la ciudadanía se convirtió en uno de los aspectos más importantes del proceso de construcción de la nación después de la independencia. Y aunque ser ciudadano en el siglo XIX colombiano iría mucho más allá de las definiciones dadas en las Constituciones, fue por medio de estas que la ciudadanía en el siglo XIX se estableció, debatió e incluso cuestionó. Lo que sigue es una invitación a estudiar las Constituciones del siglo XIX a la luz de este concepto. No se trata de un estudio de evolución progresiva hacia una ciudadanía cada vez más amplia e incluyente, pues como veremos la historia es mucho más compleja. Se trata de una invitación a explorar mediante algunos textos constitucionales cómo los espacios políticos se ampliaron y contrajeron durante todo el siglo y, por medio de este ejercicio, conocer un poco más la historia política y social del siglo XIX colombiano.

Los primeros ciudadanos, las primeras Constituciones

La idea de ciudadanía llegó antes de la independencia. En las últimas décadas del siglo XVIII, la América española se había convertido en un terreno fértil para la circulación de diferentes ideologías y doctrinas. Por una parte, las reformas borbónicas habían dado pie a la introducción de nuevos conocimientos y espacios de discusión sobre el futuro económico y político de los habitantes del territorio. Al mismo tiempo, las ideas provenientes de la Ilustración francesa, el republicanismo español, el liberalismo anglosajón y el humanismo cívico, que circularon a través de libros, cartas y manuscritos por las colonias españolas, permitieron a los americanos cuestionar la legitimidad del orden colonial desde lo local y en sus propios términos. El establecimiento de un gobierno representativo en donde el ciudadano –ya no el rey– sería su mayor protagonista, resonaría cada vez con más fuerza en ambos lados del Atlántico.

Las proclamas peninsulares y las primeras Constituciones que se promulgaron en la Nueva Granada son testigos de estas reflexiones. En 1810, dos años después de la invasión de Napoleón a la península ibérica y con el ánimo de evitar la separación de las colonias, los españoles declararon abiertamente la igualdad entre peninsulares y americanos. “Desde este momento, españoles americanos” proclamó enfáticamente el Consejo de Regencia español en 1810: “os veis elevados a la dignidad de hombres libres (…) Vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores, están en vuestras manos”. Y así fue. Poco tiempo después, ante la frustración cada vez más grande de la población a causa del poco espacio político dado a los nacidos en América, en lo que hasta entonces había sido el Virreinato de la Nueva Granada surgieron gobiernos que se consideraban y se reconocían como soberanos e independientes. El territorio presenció la proclamación de una gran variedad de textos constitucionales, entre ellos el Acta de la Constitución de El Socorro (1810), y la Constitución de Tunja (1811), Cundinamarca (1811, 1812, 1815), Antioquia (1811, 1812 y 1815), Cartagena (1812), Popayán (1814), Mariquita (1814), Neiva (1815) y Pamplona (1815). Todas estas reflejo de la dificultad y el reto que implicaba para los neogranadinos descifrar y llegar a un acuerdo sobre cuál debería ser el nuevo orden institucional.

Pero ¿qué nos dicen estas Constituciones sobre los nuevos ciudadanos?, ¿quiénes tenían derecho a gobernar y elegir a sus gobernantes? Muchas de estas preguntas encontraron respuestas en los textos constitucionales. El Acta de la Constitución de El Socorro (1810), por ejemplo, declaró el rompimiento del “vínculo social” con la monarquía española y la restitución al pueblo “a la plenitud de sus derechos naturales e imprescriptibles de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad”. El pueblo, en quien recaía la soberanía, era quien libremente determinaría la clase de gobierno que mejor se le acomodara y los “vecinos útiles” quienes elegirían a sus representantes. No es de extrañar que en esta provincia artesanal, el trabajo y la industria fueran el pilar de esta proclamación constitucional. Por su parte, la primera Constitución de Cundinamarca (1811), que para ese entonces prometía fidelidad formal al rey en su ausencia, consagró una larga lista de los derechos del ciudadano y de sus deberes siguiendo la tradición francesa. Otorgaba a los ciudadanos el derecho a la libertad e igualdad a cambio de la obligación de respetar las leyes.

Pero para la Constitución de Cundinamarca (1811), sin embargo, el “buen ciudadano” era no solo aquel que tenía derechos y deberes, sino también aquel que era buen padre y buen hijo. De igual manera lo consideró la Constitución de Tunja (1811) al establecer que el ciudadano debería ser un “buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen esposo” (Capítulo II, núm. 3). Por ello, debe entenderse que las primeras definiciones de ciudadanía –herederas de tradiciones tanto coloniales como republicanas– no estarían solamente ligadas al principio de representación y de adquisición de libertades –o lo que en términos contemporáneos podríamos denominar la ciudadanía política–.

Las virtudes morales de los hombres útiles y el patriotismo propio de la época también estarían consagrados como elementos de la ciudadanía. La Constitución de Antioquia (1812), por ejemplo, equiparó la ciudadanía a la defensa de la patria al establecer que “todo ciudadano es soldado nato o defensor de la patria entretanto que sea capaz de llevar armas”. Defender la patria, ad portas de la reconquista, constituía de esta manera un deber ciudadano. Pero ¿quería esto decir que todo aquel que estuviera dispuesto a defender y proteger la patria era considerado ciudadano?, o ¿que todo “buen padre”, independientemente de su raza o condición, era ciudadano de la nueva república?, ¿serían los indígenas considerados ciudadanos?, ¿lo serían también los pardos y negros libres que participaron en las guerras de independencia? En otras palabras, ¿qué tan incluyentes fueron tanto los primeros textos constitucionales como sus sucesores?

Ciudadanía, Constituciones y población indígena en la primera mitad del siglo XIX

Durante gran parte de periodo colonial, la Corona trató de mantener una política de separación entre la población indígena y la población “blanca.” Después de la independencia, en la medida en que el país se vio en la necesidad de crear una nueva nación, las élites buscaron diferentes alternativas para integrar a los indígenas al cuerpo de ciudadanos. Una de ellas fue la incorporación legal y constitucional de los indios como ciudadanos con iguales derechos y deberes ante la ley.

Tres claros ejemplos de esta necesidad fueron el Acta de El Socorro (1810), la Constitución de Tunja (1811) y la Constitución de Cundinamarca de 1812. La primera proclamó que los indios debían entrar “en sociedad con los demás ciudadanos de la Provincia a gozar de igual libertad y demás bienes que proporciona la nueva Constitución”. Aunque no obtendrían su derecho de representación “hasta que hayan adquirido las luces necesarias para hacerlo personalmente.” La Constitución de Tunja (1811) declararía, por su parte, la igualdad entre toda clase de ciudadanos, sobre todo en lo concerniente a la educación pública, al indicar que “ni en las escuelas de los pueblos, ni en las de la capital habrá preferencias ni distinciones entre blancos, indios, u otra clase de gente”. La Constitución de Cundinamarca (1812) sería igualmente osada al proclamar que “los indios gozan de todos los derechos de ciudadanos, y tienen voz y voto en todas las elecciones, como los demás de esta república.” Por su parte, el Acta de la Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada –que congregaba a Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja, y que fue abiertamente rival de la Constitución de Cundinamarca– optaría por una aproximación diferente y menos integradora. Reconocía el derecho de las “tribus errantes” y las “naciones de indios bárbaros” que vivían en las tierras baldías –en calidad de extranjeros o sujetos fuera de la nación– a cambio del “beneficio de la civilización y religión por medio del comercio y por todas aquellas vías suaves que aconseja la razón y dicta la caridad cristiana” (Art. 23 y 24).

Pero fue el Congreso y la Constitución de Cúcuta de 1821 –aglutinadora de las diferentes facciones después del intento de reconquista español– los que establecieron los parámetros para la incorporación de la población indígena al proyecto nacional. Mientras que la Constitución restringió el derecho al voto a los hombres mayores de veintiún años que supieran leer y escribir (aunque esta última disposición se suspendió a partir de 1840), el Congreso promulgó leyes encaminadas a elevar a los indígenas a la categoría de ciudadanos, incluyendo la eliminación del tributo (Ley de octubre de 1821) y concediendo específicamente el derecho de los indígenas a ejercer cargos en el gobierno.

Como una forma de integración y reconocimiento como ciudadanos de la Gran Colombia, el Congreso de Cúcuta también decretó que se les llamaría “indígenas” de ahora en adelante en vez de “indios” (Safford, 1991, p. 11). No obstante, estas medidas irían de la mano de la abolición de los resguardos-tierras de propiedad colectiva –que se llevó a cabo con el fin de que los indígenas gozaran de la propiedad privada, medida que no en pocas ocasiones fue en detrimento de esta población–. Con las anteriores consagraciones legales, quedaba claro que seguía vigente la división establecida desde las primeras Constituciones entre la ciudadanía política o activa –de la que gozaban los ciudadanos que podían votar, elegir y ser elegidos– y la ciudadanía civil o pasiva, que otorgaba derechos y obligaciones a la población libre, incluyendo la indígena.

Varias fueron las críticas que recibió este tratamiento de los indígenas como ciudadanos de la nueva república. Algunos hicieron peticiones para el establecimiento de un sistema de control de la mano de obra indígena y, por lo tanto, de esta población. Otros llamaron la atención sobre la falta de “civilización” de los indígenas y sobre la imposibilidad de integrarlos a la nación. Discusión que, vale anotar, llenaría las páginas de la prensa colombiana y los debates políticos en lo restante del siglo. Sin embargo, la Ley de marzo 6 de 1832 –decretada tan solo cinco días después de la Constitución que conformaría la Nueva Granada– retomó el impulso de décadas anteriores para integrar a los indígenas a las dinámicas de la nación, dando prioridad a la eliminación de los resguardos y a la instrucción pública (Safford, 1991). La Constitución, por su parte, otorgó el sufragio únicamente a los granadinos casados o mayores de 21 años que supieran leer y escribir (disposición que se suspendió a partir de 1850) y que tuvieran una subsistencia asegurada.

Una restricción similar mantuvo la Constitución de 1843, que estableció que solo podrían votar los hombres libres mayores de edad que fueran dueños de bienes raíces con un valor de trescientos pesos o más, o que tuvieran propiedades o rentas. La mayoría del pueblo neogranadino tendría que esperar hasta la Constitución de 1853 para consagrar el sufragio universal. Ahora, al menos en el papel, todos los hombres mayores o casados podrían votar sin restricción alguna. Para ese entonces, las ideas de “mestizaje” como parte del proceso de integración de la población indígena a la “civilización” se convirtieron en una necesidad básica en la conformación de la nación colombiana (Arias, 2007). La prioridad de las élites sería ahora integrar racial y culturalmente a los indígenas quienes, desde el punto de vista legal, ya habían sido reconocidos como ciudadanos de la nación.

Ciudadanía, Constituciones y población de ascendencia africana en la primera mitad del siglo XIX

Hemos visto cómo se intentó integrar a la población indígena, al menos legal y constitucionalmente, a la nación colombiana desde inicios de la república. Pero ¿qué sucedió con los pardos y los negros libres después de la independencia?, ¿fueron estos considerados ciudadanos?, ¿qué dijeron las primeras Constituciones sobre su participación en la nueva república?

El otorgamiento de la ciudadanía a la gente de ascendencia africana fue fundamental para construir la alianza entre personas libres de color y las élites criollas durante el periodo revolucionario. Y el porqué de esta alianza tiene sus orígenes en los debates que tuvieron lugar en las Cortes de Cádiz a partir de 1810. Como vimos, ante la ausencia del rey, los españoles y americanos se vieron en la necesidad de organizar juntas –gobiernos locales– en todo el territorio. Pero, como una forma de detener la fragmentación del poder en un sinnúmero de localidades, se decidió convocar a las Cortes –una asamblea constitucional– para que representantes peninsulares y americanos redactaran una nueva Constitución.

Los debates y las discusiones no tardaron en llegar. ¿Cómo funcionaría la representación de los americanos en las Cortes?, ¿tendrían la misma participación que los peninsulares?, ¿se determinaría proporcionalmente según la población de cada territorio?, de ser así, ¿se contaría el número de blancos, indígenas, pardos y negros libres? Si la representación era proporcional al número de ciudadanos, ¿debían ser consideradas las personas libres de color como tales? (Lasso, 2007). Para los españoles era claro que contar a la población de ascendencia africana permitiría a los americanos dominar las Cortes. Y en esta medida, para los diputados americanos la defensa de la ciudadanía de los pardos en su calidad de hombres libres se convirtió en un asunto fundamental.

Estos debates forjaron una alianza entre las élites criollas y los pardos del Caribe colombiano, la cual se vio reflejada en el campo de batalla. En Cartagena, por ejemplo, el apoyo de los artesanos, conformados por población negra y mulata, fue decisivo para la declaración de independencia de la ciudad en 1811 (Múnera, 1998). No es de extrañar entonces que la Constitución de Cartagena de 1812 otorgara la ciudadanía a este sector de la población. Sin embargo, conceder la ciudadanía a los hombres libres de color no significó el derrocamiento de la esclavitud en la Nueva Granada. Aunque algunos esclavos habían obtenido su libertad al incorporarse al ejército independentista y al demostrar su compromiso con la causa patriota, la mayoría de las primeras Constituciones –Cundinamarca, El Socorro, Tunja, Popayán y Neiva– guardaron silencio al respecto. La de Cartagena (1812) y la de Mariquita (1814), por el contrario, declararon la prohibición de la importación de esclavos e hicieron un llamado a un trato más humano de la población esclava.

No obstante, fue en los debates de la Constitución de Cúcuta de 1821 que la esclavitud y la manumisión de los esclavos tomaron mayor fuerza. Ya no se debatía si la institución de la esclavitud debería permanecer, sino cómo se llevaría a cabo el proceso de abolición. La Constitución declaró como granadinos por nacimiento a “los hombres libres” y a los “libertos” que reunieran algunos requisitos de residencia y de fidelidad y amor a la patria, y a los “hijos de esclavos libres”. En 1821, el Congreso declaró la ley de libertad de vientres que otorgaba la libertad a los hijos de esclavos nacidos después de dicho año – quienes en contraprestación deberían servir a los amos hasta los dieciocho años– y el establecimiento de juntas de manumisión. Sin embargo, la abolición absoluta de la esclavitud en Colombia sería declarada solo a partir de 1851 como fruto de las reformas liberales y los compromisos de estas con población afrocolombiana de mitad de siglo.

Ciudadanía, Constituciones y sectores populares en la segunda mitad del siglo XIX

La equivalencia entre patriotismo y ciudadanía de los primeros años de independencia comenzó a darle paso a una retórica distinta en la segunda mitad del siglo XIX. Entre 1848 y 1853, periodo en el que los liberales estuvieron en el poder, se consolidó una alianza entre estos y los sectores populares de algunas regiones. En el suroccidente colombiano, esta alianza se concretó en el apoyo político y militar brindado por los afrocolombianos a causa de su identificación con el ideario de la élite liberal, que proclamaba –al igual que ellos– la abolición de la esclavitud (Sanders, 2009). El principal vehículo de esta asociación fueron las Sociedades Democráticas –clubes políticos liberales que surgieron en las elecciones de 1848– en donde se discutieron los beneficios del republicanismo, y la necesidad de abolir la esclavitud y de otorgar a los sectores afrocolombianos la plena ciudadanía. Asociaciones similares, conservadoras y liberales, surgieron en Bogotá con el ánimo de que artesanos adhirieran a la causa liberal (Jaramillo, 1976; Sowell & Vanegas, 2006). Tal fue el caso de las Sociedades Católicas y las Sociedades Democráticas de Artesanos, las primeras conservadoras, las segundas liberales.

En el Cauca, la alianza entre negros y mulatos y las élites liberales dio evidentes resultados. El apoyo de los afrocolombianos resultó fundamental para derrotar a la rebelión conservadora de 1851 en la región. Por su parte, los liberales respondieron a las demandas de negros y mulatos para concretar, de una vez por todas, la abolición de la esclavitud; y a su vez, esperando sellar su alianza con las clases populares, suprimieron por medio de la Constitución de 1853 las restricciones del analfabetismo y la ausencia de propiedad sobre el voto masculino –estableciendo así el sufragio universal–.

Durante las décadas que siguieron, los afrocaucanos ejercieron de manera regular su derecho al voto (Sanders, 2009). En Bogotá, por su parte, la alianza entre artesanos y liberales permitió en sus inicios la llegada del partido liberal al poder en 1849 con la candidatura de José Hilario López. Pero la implementación de las medidas librecambistas –que perjudicaban abiertamente las manufacturas de los sectores populares– dio fin a esta asociación. Los artesanos apoyarían, en 1854, el golpe militar del general José María Melo, quien permanecería en el poder tan solo ocho meses. Melo fue depuesto por una coalición de conservadores y liberales quienes, una vez retomado el poder, dejaron en manos del Congreso el nombramiento del presidente. Ante la confusión y la división del partido liberal, los conservadores regresarían al poder en 1855, gobernando al país bajo regímenes constitucionales abiertamente federales (1853 y 1858) que no solo darían lugar al surgimiento de los Estados (lo que hoy llamamos departamentos), sino también al establecimiento de más de treinta cartas provinciales de 1853 a 1854, según afirmó entonces el liberal José María Samper (Valencia, 1987).

¿Qué nos dicen estas experiencias sobre el ejercicio de la ciudadanía a mediados de siglo XIX? En gran parte son muestra del cambio en las formas de hacer política en el país. Los sectores populares, ya fueran liberales o conservadores, encontraron una amplia variedad de mecanismos para participar en la vida política y, así, lograron no solo pensarse como ciudadanos, sino también ejercer sus derechos como tales. Sin importar si se trataba de artesanos, indígenas, pequeños propietarios o comerciantes, lo cierto es que de una manera u otra todos hicieron uso del lenguaje de la ciudadanía para hacer reclamar sus derechos y construir sus nuevas identidades como miembros de la nueva república (LeGrand, 1998; Sanders, 2009). Claro está, en un ambiente donde los valores de una sociedad tradicional y católica se encontraban con los intereses regionales, las disputas partidistas y la debilidad estatal.

Sería en este contexto que los liberales radicales llegarían al poder en 1861. Con el ánimo de establecer una sociedad secular e ilustrada, las élites liberales promulgaron su propia Constitución –la Constitución de Rionegro (1863)–. Al igual que muchas de sus predecesoras, la Constitución de Rionegro reconoció los derechos individuales de los habitantes de la nación, pero –en virtud del principio federal– dejó en manos de los estados soberanos la facultad de definir la ciudadanía política. Es por ello que los requisitos para ejercerla fueron distintos en cada región. Mientras que Antioquia, Cauca, Magdalena, Bolívar y Panamá mantuvieron el sufragio universal, Boyacá, Santander, Tolima y Cundinamarca restablecieron las restricciones de alfabetismo para los votantes (Gómez, 2011). A pesar de estas diferencias, los radicales se dieron a la tarea de educar un “modelo” particular de ciudadano. Por medio de la instrucción pública primaria y secundaria, de las escuelas normales, de las bibliotecas circulantes e incluso de la publicación de manuales del ciudadano, los radicales buscaron formar individuos conocedores de los derechos y deberes frente a la sociedad, y comprometidos a respetar un gobierno representativo y democrático. Estos esfuerzos, sin embargo, tendrían diversos y no siempre exitosos resultados en el territorio nacional, que entonces llevaba el nombre de Estados Unidos de Colombia.

La concepción de la libertad individual como la base de la ciudadanía que promulgó la Constitución de Rionegro encontraría su final con la llegada al poder de los conservadores y los liberales moderados, cuyo líder fue Rafael Núñez. En parte, debido a la urgencia de los dirigentes conservadores por restablecer el orden después de un periodo de guerras civiles e inestabilidad política, la Constitución de 1886 –que estaría vigente hasta la promulgación de la Constitución de 1991– impondría un ideal de ciudadanía más limitado y sustentado ya no en la libertad, sino en la idea del orden como base del progreso. La Constitución redactada por Miguel Antonio Caro restringió nuevamente el sufragio a aquellos que supieran leer y escribir o tuvieran una renta anual o propiedad determinada (art. 173), e invitó a una concepción de la ciudadanía basada en las ideas de orden público y la moral cristiana, por encima de la libertad individual. Con esta Constitución, el país dio la bienvenida al siglo XX, periodo que pondría a prueba nuestras herencias republicanas y que exigiría nuevas nociones de ciudadanía.

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