Por los pasillos de la Corte Constitucional

Por los pasillos de la Corte Constitucional

Aquiles Arrieta

Colombia puso a andar su nueva Constitución el 4 de julio de 1991. Ahí comenzó el sueño de dar un paso más en la construcción de un Estado social y democrático de derecho. Pero la defensa judicial de esa nueva carta de navegación política no surgió ahí mismo. Seis meses más tarde, pasada la mitad del mes de febrero (el 17 de febrero de 1992), abrió sus puertas por primera vez en Colombia una Corte Constitucional. De alguna forma, desde una perspectiva realista, el texto de la Constitución no empezó a vivir sino hasta aquel momento en que la Corte inició sus labores. Solo hasta entonces se comenzaron a ver las implicaciones que tendría para Colombia haber adoptado esa nueva Carta Política.

Someter a todos los poderes públicos al imperio de la Constitución como norma de normas era un asunto que en Colombia se venía consolidando desde el siglo XIX, en un proceso político que había encontrado un momento destacado en la reforma constitucional de 1910, con la introducción de la acción pública de inconstitucionalidad como un mecanismo de defensa ciudadana y de minorías políticas para exigir el respeto de las reglas constitucionales básicas y evitar abusos y excesos del poder. La Constitución de 1991 consolidó ese proceso al crear una Corte dedicada a salvaguardar la Carta Política: un tribunal de jueces dedicados exclusivamente a defender la supremacía constitucional. Hasta entonces, la protección de la Carta Política había estado en manos de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal que se ocupaba de los temas constitucionales, pero a la vez, de los demás asuntos del derecho privado (causas civiles, laborales o penales).

Colombia había creado reglas escritas reconociendo derechos civiles, políticos y sociales a lo largo de su historia, pero usualmente las prácticas legales y judiciales los diluían y los hacían ineficaces. Romper esta tradición formalista y construir derechos fundamentales para una sociedad abierta y democrática que pudieran ser efectivamente gozados por las personas y protegidos de amenazas y violaciones requería nuevos instrumentos. Enunciar los derechos no era suficiente. Contar con la maquinaria que pudiera ponerlos en práctica era indispensable y fue justo ahí cuando apareció la Corte Constitucional como una de esas piezas del engranaje.

En efecto, junto a las mejoras que se le hicieron al diseño de la centenaria acción pública de inconstitucionalidad –que permite controvertir normas con fuerza de ley contrarias a la Constitución– y a la introducción de la acción de tutela –que permite controvertir las acciones concretas de cualquier poder público o privado en contra de los derechos fundamentales de una o varias personas–, la Corte Constitucional es una de las partes definitivas de la nueva maquinaria que los constituyentes construyeron para llevar a la realidad los mandatos constitucionales.1

La Corte que nació en Colombia en 1992 rápidamente confirmó las esperanzas que sobre ella se tenían. Se reveló como un distinguido grupo de juristas ocupados en garantizar el respeto de las reglas jurídicas básicas de la sociedad, y en construir un conjunto de sentencias y decisiones judiciales que sirvieran de faro y guía para todos. ¿Qué implicaciones tenía la nueva Constitución? ¿Cómo afectaban en la vida práctica y en el cotidiano trasegar los nuevos mandatos constitucionales, comprometidos radicalmente con los derechos de toda persona, como individuo y como parte de su comunidad y de la sociedad en general, en un contexto diverso, pluriétnico y multicultural? ¿Cómo resolver los conflictos y las tensiones entre los diferentes derechos y deberes que surgían de la nueva Constitución? Los jueces del país, en calidad de jueces constitucionales, y la Corte Constitucional, en su calidad de tribunal de cierre de las disputas en torno a la norma de normas, estaban llamados a adelantar los procesos judiciales en los cuales se tendrían que asumir estas controversias, analizarlas, debatirlas y, finalmente, dar una respuesta; decidirlas y resolverlas.

La Corte inaugural

La primera Corte Constitucional, por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, fue particular en tres aspectos centrales: su elección fue hecha de manera especial, no con las reglas ordinarias; estuvo conformada por siete personas, no nueve, y solo duró un año, no ocho.2 Para ese momento, la nueva Carta Política seguía siendo una promesa de futuro que aún no se veía en todo su esplendor. Desde el 4 de julio de 1991 estaba rigiendo la nueva Constitución, pero de cierta manera permanecía dormida. La Asamblea Nacional Constituyente había decidido que las demandas de inconstitucionalidad que se presentaran con ocasión del nuevo texto serían resueltas por la nueva Corte, no por la Sala Constitucional de la Corte Suprema. El país tuvo que esperar a que la nueva Corporación judicial comenzara a funcionar para empezar las demandas que se habían hecho con base en la nueva Carta Fundamental.

Cuando las primeras sentencias de la Corte Constitucional fueron dadas a conocer, quedó claro que había cambiado el texto de la Constitución, pero también había cambiado su lector. Los nuevos textos y derechos habían llegado a formas de lectura y de interpretación de los textos judiciales comprometidos con un sentido de justicia material que no había sido la voz mayoritaria durante los años que había regido el modelo constitucional anterior.

Una de las razones por las que la nueva Corte guardiana de la Constitución pudo proteger el goce efectivo de los derechos de las personas en los casos concretos, sin duda, fueron los mecanismos de acceso. A la posibilidad que tenía toda persona con ciudadanía desde 1910 de presentar acciones de inconstitucionalidad contra normas inconstitucionales, se sumaba ahora la acción de tutela, un mecanismo que le permite a cualquier persona reclamar judicialmente la protección de sus derechos fundamentales frente a cualquier amenaza o violación, de forma amplia y decidida, y ante cualquier juez de la República. Las personas comenzaron a presentar todo tipo de reclamos judiciales. Por ejemplo, jóvenes reclamaban poder tener el pelo largo en el colegio o poder ponerse maquillaje; mujeres tutelaban sus derechos patrimoniales y de subsistencia en igualdad, ante el desconocimiento de estos luego de haber convivido con su pareja informalmente; o enfermos con sida sin capacidad económica tutelaban el acceso a los servicios médicos que requerían. Los abusos de cualquier público o privado ahora tenían una respuesta institucional en democracia, rápida y efectiva: la acción de tutela. No era solo una promesa en el papel, se había convertido en una realidad. Como nunca antes en la historia de Colombia, las instituciones judiciales se habían convertido en herramientas útiles, al alcance de la mano, para solucionar conflictos y hacer valer y respetar los nuevos derechos que la Constitución reconocía amplia y generosamente.

La cercanía al ciudadano ha sido un elemento importante de la justicia constitucional. No requerir abogado para interponer acciones de inconstitucionalidad o de tutela y que ninguno de los dos procesos cuente con formalidades para ponerse en marcha los convierte en medios adecuados para acceder a la justicia. Las personas, sin importar su edad, su formación social o su capacidad de leer o escribir, se dieron cuenta que podían acudir ante cualquier juez constitucional y presentar sus reclamos. Poco a poco la gente fue haciendo suya la jurisdicción constitucional.

Pero lo que la nueva Constitución les dio a los ciudadanos no solo fueron los nuevos caminos para acceder a la justicia. La Corte Constitucional también aportó una importante cuota de cercanía con las personas del común, cuando de manera deliberada decidió cambiar el lenguaje tradicionalmente utilizado hasta el momento en ámbitos judiciales. La tradición judicial colombiana siempre había recurrido a un tipo de lenguaje propio de los contextos de abogados y jueces, lleno de tecnicismos y de expresiones en latín, lo cual hacía inentendibles los textos de las decisiones judiciales para el común de los mortales. En ocasiones, parecía necesario un diccionario para comprender.3 La Asamblea Nacional Constituyente era consciente de esta problemática y la enfrentó haciendo un texto accesible a cualquier ciudadano. La Corte Constitucional cumplía el deber de seguir este camino y esta misión, y desde su inicio intentó derribar esa barrera y permitir un mayor acceso a la justicia para reclamar la tutela y protección los derechos propios, de allegados y de terceros indefensos. El propósito de la nueva Corte era claro: que las sentencias pudieran ser comprendidas y entendidas por cualquiera.

El significado y el espíritu de esta nueva Corte Constitucional, que rompió con la tradición jurídica nacional, encontraron en el magistrado Ciro Angarita Barón su representación y semilla más emblemática. Un jurista de las más altas calidades intelectuales y éticas, cuyo pensamiento rápidamente se convirtió en un faro retador que aún hoy orienta la jurisprudencia colombiana y le plantea retos y dilemas.

Andando en su silla de ruedas por los pasillos de la Corte, enfrentando las limitaciones de movilidad que una dolencia física le imponía a su existencia, pero siempre sonriente, el magistrado Angarita encarnaba la imagen misma de la nueva Constitución. Desconectado de los círculos tradicionales de poder, constituyó uno de los puntos de partida de la lectura de la Constitución desde la perspectiva de las personas, al querer siempre reconocer su voz, escucharla, valorarla y atenderla con seriedad y respeto.

El magistrado Angarita era la imagen viva de ese nuevo lector que la Asamblea Nacional Constituyente le había dado al nuevo texto constitucional para que lo pusiera a andar e impactara el mundo real. Durante ese año, el magistrado Angarita propuso y defendió algunas de las tesis más novedosas y comprometidas con la defensa del nuevo Estado social y democrático de derecho. Algunas de ellas fueron apoyadas desde su inicio e incorporadas prontamente, como la defensa de los derechos fundamentales ‘por conexidad’.4 Otras de sus tesis dieron lugar a salvamentos de voto, incluso solitarios, que con el tiempo han llegado a convertirse en la jurisprudencia oficial de la Corte Constitucional. Por ejemplo, considerar que el Gobierno Nacional no puede usar los estados de excepción o de emergencia, con los consecuentes poderes que conllevan, para resolver problemas sociales estructurales. Esta postura, solitaria cuando la propuso el magistrado Angarita en un salvamento de voto a una de las primeras sentencias de la Corte (C-004 de 1992),5 se convirtió en la jurisprudencia oficial casi dos décadas después (C-252 de 2010), cuando se negó al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez la posibilidad de reformar el sistema de salud por decreto y no mediante leyes concertadas democráticamente en el Congreso de la República, con base en los poderes excepcionales de emergencia.

Obviamente, el magistrado Angarita no era el único lector distinto que había aparecido en la nueva Corte. Uno de los efectos del Frente Nacional había sido dejar Altas Cortes conformadas paritariamente entre fuerzas conservadoras y fuerzas liberales. Magistrados como Alejandro Martínez Caballero, que estuvo en la Corte inaugural y fue reelegido para la primera Corte, supusieron la entrada en la justicia de juristas apoyados por fuerzas políticas de izquierda, pues su nombre había sido promovido en gran medida por la Alianza Democrática M-19, partido creado por los recién desmovilizados combatientes guerrilleros del grupo M-19 y otras personalidades de la vida nacional.6

La primera Corte, la fundacional (1993-2001)

El 1 de marzo de 1993, se instaló la primera Corte Constitucional en propiedad, conformada por nueve personas y por el término de ocho años.7 Continuó con el impulso fijado por la Corte inaugural. Las semillas plantadas en ese primer año continuaron creciendo a través de nuevos casos en los que los ciudadanos y las personas en general se fueron apropiando de la Constitución, de sus derechos y de la jurisprudencia.

La primera Corte mantuvo, en términos generales, las líneas jurisprudenciales planteadas en esos años, las profundizó y las expandió. Los casos y las sentencias de estos ocho años, junto con los de la Corte inaugural, contemplan sin duda algunas de las decisiones más emblemáticas de la jurisprudencia constitucional colombiana. Son, precisamente, sentencias fundacionales en las que muchos de los asuntos constitucionales fueron puestos a consideración y a debate por primera vez. Asuntos como los derechos de las personas homosexuales, la defensa del multiculturalismo, el respeto a las comunidades indígenas, el debate acerca de la dosis personal y el libre desarrollo de la personalidad, la protección de los derechos de las mujeres, la eutanasia, el aborto, el himno nacional, la objeción de conciencia y la posibilidad de reclamar judicialmente la protección de los derechos sociales, económicos y culturales, como la salud o la seguridad social, cuando la vida, la integridad y la dignidad personal están en juego.

La primera Corte continuó ganándose el respaldo y el apoyo de las personas. Los hombres, las mujeres, los niños, las minorías y las personas en situación de vulnerabilidad poco a poco fueron encontrando una institución ante la cual presentar reclamos, a sabiendas de que sus argumentos serían escuchados y de que se le exigiría al poder, fuera el que fuera, que justificara la razonabilidad de sus acciones.

Los jueces de tutela de todo el país fueron encontrando en la jurisprudencia una colección de casos y de respuestas útiles para comprender el sentido y el alcance del texto constitucional, y para saber cómo aplicar y materializar el goce efectivo de los derechos constitucionales. Buena parte del respaldo que las personas le daban a la jurisprudencia constitucional era que la nueva Corte había oxigenado el debate jurídico, apoyando la discusión de nuevas teorías y puntos de vista filosóficos necesarios para comprender cabalmente el sentido y el propósito de la nueva Constitución. Así, a nuevos textos constitucionales y a nuevos lectores, se sumaron nuevas maneras de entender el quehacer jurídico, con lo cual se les dio a los jueces herramientas para evitar que los derechos se desvanecieran en formalidades y vericuetos procesales, y que se protegieran como garantías que las personas pueden gozar efectivamente.

La segunda Corte, la consolidación (2001-2009)

La segunda Corte Constitucional fue nombrada en el año 2001, incluyendo, por primera vez, a una mujer entre sus miembros.8 Este simple hecho evidenciaba que se había recorrido un buen camino en busca de la inclusión y de la igualdad, pero que aún faltaba mucho por hacer. La propia Corte Constitucional preservaba en su seno la inercia de discriminaciones sociales como la exclusión de la mujer.

La segunda Corte sabía que buena parte de la construcción jurisprudencial de sus antecesoras (la inaugural y la primera Corte) dependía de su propia capacidad de decantar, organizar y tecnificar el quehacer constitucional. La prolífica y abundante jurisprudencia que había sido dictada en la última década del siglo XX podía seguir generando un alto impacto si no dejaba de ser consultable y manejable debido a su volumen.9 El éxito de la tutela y de la acción de inconstitucionalidad, como herramientas fundamentales de la defensa de los derechos constitucionales en democracia, generaron una avalancha de reclamos que, con el tiempo, fue incrementando.

El propósito de la segunda Corte fue variado. Se quería organizar y sistematizar lo dicho hasta ese momento por la jurisprudencia para saber qué se había dicho y que pudiera ser seguido por todos los jueces constitucionales. Estos desarrollos, acompañados por la academia y el debate intelectual, jurídico y de otras áreas del conocimiento, sirvieron para construir en la tradición jurídica nacional un respeto a las decisiones judiciales. La Corte Constitucional dio ejemplo estableciendo reglas y parámetros para los cambios de sus precedentes, autorrestringiendo su poder, y la Sala Plena se obligó a dialogar con los jueces anteriores, y con las respuestas y las razones que ellos hubieran dado en el pasado a la solución de los problemas jurídicos constitucionales.10

Pero la segunda Corte constitucional no solo protegió lo hecho por sus antecesoras. Sobre la base de clarificar y sistematizar lo hecho, se desarrollaron y crearon nuevos conceptos que impulsaron la efectividad de las garantías y los derechos constitucionales. Por ejemplo, en estos años se entendió el papel del juez constitucional en la defensa de las facetas prestacionales de los derechos fundamentales, sin importar si estos son de libertad o de carácter económico y social. Cuándo y cómo debe actuar un juez constitucional, cuando la protección de los derechos fundamentales depende de la implementación de políticas públicas, fueron asuntos que se desarrollaron y se comprendieron como nunca antes. Así, nuevas formas de solucionar los problemas, de intervenir en la protección de los derechos y de generar diálogos se gestaron en estos años, dando nuevas y eficaces herramientas para lograr el respeto a las garantías constitucionales.

La tercera Corte, la resistencia (2009-2017)

La Corte Constitucional que actualmente está en funciones es la Corte de la defensa, de la resistencia. Este tribunal, constituido en el año 2009, supuso la elección de una magistrada y cinco magistrados, que se sumaron a los tres que continuaban terminando periodo.11 En medio de un álgido debate político, esta Corte tuvo que enfrentar los embates de mayorías políticas interesadas en restringir algunos de los avances constitucionales logrados hasta entonces y en modificar algunos elementos de la estructura básica del orden constitucional vigente.

Así, por ejemplo, en su primer año de funciones la tercera Corte impidió que se introdujera una segunda reelección presidencial consecutiva desde el poder, sin introducción de balance en el sistema de equilibrio de poderes; o impidió que se hiciera una reforma del derecho fundamental a la salud por decreto presidencial y no mediante una ley del Congreso, luego de un debate democrático.

Pero al igual que la segunda, la tercera Corte no solo se ha dedicado a proteger lo ya construido. También ha profundizado en las líneas jurisprudenciales que se habían iniciado en el pasado, tomándoselas en serio y avanzando en ellas decididamente. Tal es el caso, por ejemplo, de la protección de las personas con orientaciones sexuales diversas; de los tímidos pero importantes reconocimientos de los derechos de personas homosexuales en los años noventa se pasó a una novedosa jurisprudencia protectora de las personas LGBTI que inició al final de la segunda Corte, pero que ha sido la actual la que la ha llevado hasta las últimas consecuencias para guardar coherencia con los principios de libertad, igualdad y dignidad humana.

Además, hay una serie de líneas jurisprudenciales que son nuevas o habían sido muy tenues hasta entonces. Por ejemplo, la protección de los derechos de personas afro, comunidades negras y raizales, o la protección del derecho fundamental al agua tanto en casos de medio ambiente como en casos de vida o salud. Son los nuevos caminos por los cuales las personas, mediante sus acciones constitucionales, encausan el quehacer de la Corte y, por lo tanto, el desarrollo del derecho constitucional.

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Dos décadas y media luego de expedida la Constitución de 1991, la Corte Constitucional sigue andando. Tras la ruta de magistrados como Ciro Angarita Barón, Carlos Gaviria Díaz o Vladimiro Naranjo Mesa (por nombrar solo a algunos de los más ilustres de sus miembros que han partido de este mundo), la Corte continúa siendo un patrimonio de todos los colombianos. Sigue siendo un foro en democracia al cual toda persona puede acudir para que, con base en razones y argumentos, se le protejan sus derechos constitucionales de las violaciones y amenazas que puedan enfrentar.

En un contexto abierto, pluralista, pluriétnico, multicultural, participativo, tolerante e incluyente, la justicia constitucional se ha convertido en una herramienta con la que cualquiera, sin importar qué tan precaria o débil es su situación o qué tan fuerte e imponente es el poder que enfrenta, pueda reclamar ante un juez, con razones y argumentos, lo que a su juicio se deba reclamar. Es una lucha pacífica y deliberativa por escuchar todas las voces, por considerar todas las razones y por construir las mejores soluciones a los problemas y dilemas que socialmente se dan. Es un deber y una responsabilidad de todos los ciudadanos proteger y defender la justicia constitucional para que siga siendo lo que es: un diálogo constante entre todos para lograr que cada persona, más que sobrevivir o subsistir, viva y exista en dignidad y plenitud, a fin de que tenga la posibilidad de construir y realizar el proyecto de vida que quiera con las capacidades que tenga y pueda desarrollar. .